Declaración conjunta de la sociedad civil contra la propuesta de Directiva UE contra el terrorismo

Diferents entitats de la societat civil compromeses amb la defensa dels drets humans han fet publica una declaració conjunta amb motiu de la proposta que ha fet la comissió per la nova directiva antiterrorista, ja que amb el redactat proposat, queda oberta la porta a la vulneració de drets humans i d’actuacions dels estats en funció del perfil ètnic. (veure http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/2016_joint_statement_ct_and_hr_final.pdf)

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA SOCIEDAD CIVIL

Lucha contra el terrorismo:

La UE y sus Estados miembros deben respetar y proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho

Bruselas, 1 de marzo de 2016. Los ataques terroristas de 2015 en París y en otros lugares -y la afirmación de los Estados de que hay una elevada amenaza terrorista en la Unión Europea- han dado lugar a un nuevo conjunto de medidas antiterroristas a nivel europeo y también de cada estado miembro. Estos ataques terroristas son actos criminales atroces que socavan los derechos humanos. El propio derecho internacional de los derechos humanos exige que los Estados adopten medidas apropiadas para prevenir y responder a los actos de terrorismo, a fin de garantizar la seguridad y la protección de las personas en sus territorios. Las organizaciones abajo firmantes recuerdan que las medidas de lucha contra el terrorismo deben cumplir siempre al amparo de las leyes y de las obligaciones en materia de derechos humanos según las normas de la Unión Europea y del derecho internacional. Las medidas eficaces de lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos no son contradictorias, sino que tienen por objeto objetivos superpuestos, complementarios y que se refuerzan mutuamente. En la práctica, las violaciones generalizadas de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo han demostrado ser contraproducentes.

Las organizaciones abajo firmantes reconocen que los estados están enfrentando amenazas sustanciales a la seguridad de sus poblaciones que requieren una acción efectiva. Sin embargo, el alcance de las restricciones a los derechos humanos que resultan o podrían resultar de las medidas de seguridad adoptadas o contempladas es significativa. La transparencia, la información y la participación efectiva de la sociedad civil son cruciales para evitar restricciones excesivas u otras restricciones arbitrarias de los derechos humanos como resultado de las leyes y políticas antiterroristas.

Nos preocupación de manera general los procedimientos rápidos utilizados por las instituciones de la UE y las autoridades de los Estados miembros de la UE para adoptar medidas de lucha contra el terrorismo, por ejemplo en el caso del proyecto de Directiva sobre la lucha contra el terrorismo. Esto reduce el espacio de participación y transparencia de la sociedad civil, previsto en las directrices de consulta de las partes interesadas de la UE, y obstaculiza la rendición de cuentas, lo que es contrario al artículo 11 del Tratado de la Unión Europea. La adopción de medidas de urgencia tampoco permite realizar evaluaciones de impacto adecuadas o, de hecho, de cualquier tipo, tal como se prevé en las Directrices de la UE para legislar mejor y en la “herramienta para legislar mejor 24”. La reducción del espacio para la sociedad civil es una realidad preocupante no sólo fuera de la UE, sino también dentro de sus propias fronteras.

Las organizaciones abajo firmantes, instan a la UE ya los Estados miembros a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y el estado de derecho:

El derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Todos los Estados deben cumplir la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y adoptar medidas eficaces para prevenir actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Deben velar por que las denuncias de ese trato sean investigadas de manera efectiva e independiente y los responsables comparezcan ante la justicia, y que las víctimas tengan acceso a recursos y reparaciones eficaces, incluida la rehabilitación. Los Estados deben velar por que las declaraciones y demás información obtenida mediante tortura y malos tratos, incluida la obtenida en el extranjero, no se invoquen como prueba en ningún procedimiento,

Persona acusada de tortura. Esta obligación incluye la responsabilidad de no utilizar o compartir información obtenida bajo tortura en otros Estados y también debe abarcar a las agencias de la UE con acuerdos de cooperación con terceros países, como Europol. Como garantía contra los malos tratos dentro de los Estados miembros de la UE, debe respetarse el derecho internacional a los juicios justos, los sospechosos detenidos por delitos de terrorismo deben ser informados de sus derechos de manera efectiva de conformidad con la legislación internacional y la Directiva 2012/13/UE y el acceso a un abogado debe garantizarse de conformidad con la Directiva 2013/48/UE. El importante derecho de una persona detenida a ser llevado sin demora ante una autoridad judicial tras la detención, según se establece en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que entre otras cosas, es una salvaguarda contra los malos tratos prohibidos, también debería estar claramente consagrada en la legislación de la UE.

No hay retorno a las violaciones de los derechos humanos. Todas los traslados y expulsiones de personas deben respetar el principio de no devolución, lo que significa que nadie debe ser devuelto a un país en el que existan motivos fundados para creer que podría estar sujeto a tortura, malos tratos u otras violaciones graves de los derechos humanos. Este principio debe ser válido para las personas condenadas por delitos de terrorismo, o de quienes se sospecha de actividades relacionadas con el terrorismo. Las garantías diplomáticas, que por lo general no son jurídicamente aplicables y son intrínsecamente poco fiables, no deben considerarse como una protección suficiente contra la tortura, el maltrato, el juicio injusto o la detención arbitraria después de la expulsión.

El derecho a la libertad y la seguridad de la persona. Toda persona detenida o privada de libertad, incluida la detención administrativa, debe tener un pronto acceso a la revisión judicial de la detención, y una revisión judicial periódica posterior. Todos los detenidos tienen en todo momento el derecho de impugnar la legalidad de su detención mediante procedimientos judiciales. Ellos tienen derecho a un acceso rápido y regular a un abogado, y el derecho a informar a su familia de su detención. La privación de libertad sólo es admisible por los motivos previstos en el artículo 5, apartado 1, del CEDH. Cuando las autoridades posean hechos o información creíbles que den lugar a una sospecha razonable de que una persona ha cometido un delito, pueden arrestar a esa persona por sospecha de haber cometido un delito de conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra c) del CEDH y asegurar todas las garantías correspondientes, incluido el derecho a un juicio contradictorio ante un tribunal que permita al sospechoso impugnar la razonabilidad de la sospecha y garantizar su acceso al material necesario para impugnar la detención de manera efectiva. Las propuestas de formas administrativas de detención basadas en sospechas contra la persona, pero que evitan las garantías del procedimiento penal son, en principio, ilegales, al menos en la medida en que el Estado interesado no haya derogado formalmente las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluido el artículo 5 del CEDH debido a un estado de emergencia que amenaza la vida de la nación. La detención debe estar sujeta a criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad, estar sujeta a revisión judicial y permitir el acceso a un abogado. Cualquiera que sea la base de la detención, el aislamiento sólo debe imponerse en casos excepcionales como último recurso, durante el menor tiempo posible y sujeto a un examen independiente, sólo con la autorización de una autoridad competente y nunca debe prolongarse. Sólo puede aplicarse en condiciones que garanticen a los detenidos el derecho a la salud, el debido proceso y la protección contra los malos tratos. Debe garantizarse un acceso efectivo a los servicios jurídicos y consulares en todo momento.

Derecho a un juicio justo. Las personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo deben ser investigadas, acusadas y juzgadas ante tribunales independientes e imparciales dentro del sistema de justicia penal ordinario. Los procedimientos relativos a los delitos de terrorismo incluyen a veces pruebas obtenidas de las operaciones en el extranjero, las agencias de vigilancia, inteligencia y militares, sobre las que se pueda confiar para demostrar aspectos de las definiciones del delito sustantivo, tales como la intención del individuo y su participación concreta en delitos terroristas; también pueden estar sujetos a un escrutinio particular de los medios de comunicación.. Dichos procedimientos deben respetar el derecho internacional y las normas sobre el derecho a un juicio justo, protegido por el artículo 14 del PIDCP, el artículo 6 CEDH y con el respaldo de la Directiva UE 2010/64/UE sobre el derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales, 13/UE sobre el derecho a la información en los procesos penales, la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y otras directivas adoptadas en virtud del artículo 82.2 TFUE, incluidas las relativas a la presunción de inocencia, los niños y la asistencia letrada. Estas medidas no prevén ninguna posibilidad de excepción general en situaciones de emergencia, por lo que cualquier limitación de los derechos de que se trate debe estar en consonancia con la ley, limitada a lo necesario y proporcional al objetivo legítimo perseguido, la imparcialidad general del juicio. Fuera del contexto de los procedimientos penales (por ejemplo, la congelación de activos, las medidas de seguridad que imponen restricciones a personas u organizaciones), también se debe respetar plenamente el derecho a ser oído y los derechos de defensa, en particular permitiendo al interesado formular observaciones efectivas sobre las pruebas que sirven de base para la decisión contra ellos.

Definición de terrorismo. Los órganos internacionales de derechos humanos han expresado repetidamente su preocupación porque el alcance potencialmente vago y excesivo de las definiciones de terrorismo en el derecho interno de ciertas jurisdicciones puede contravenir el principio de legalidad y podría conducir a violaciones de los derechos humanos. Las preocupaciones similares se aplican a la definición de terrorismo según la legislación de la UE. Los Estados miembros y las instituciones de la UE deben aplicar definiciones claras de lo que constituye un delito terrorista o delitos conexos de terrorismo en el derecho penal nacional, para protegerse contra una aplicación arbitraria o discriminatoria. Dichas definiciones deben garantizar que se requiere una participación individual concreta en actos de terrorismo intencionados o reales para que el delito sea cometido. “Recibir entrenamiento para el terrorismo” debe limitarse a recibir tal entrenamiento deliberadamente. Además, es esencial que los delitos de “recibir capacitación para el terrorismo” estén sujetos a establecer intención específica de llevar a cabo, o contribuir a la comisión del delito principal como resultado de la capacitación. En ausencia de tal intención, existe el riesgo de tipificar como delito una conducta que carece de una relación de causalidad próxima y suficiente con el principal delito. Debe quedar claro que estas nuevas disposiciones de derecho penal no se aplican a la conducta regida por el derecho internacional humanitario. Los Estados deberían dar prioridad al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas internacionales existentes para investigar y enjuiciar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otros crímenes de derecho internacional.

El derecho a la no discriminación. Las políticas de lucha contra el terrorismo han tenido un impacto desproporcionado en ciertas poblaciones, incluidas las minorías étnicas o religiosas, incluidos los musulmanes, las personas de ascendencia africana y asiática, los migrantes o las personas que se perciben como pertenecientes a estos grupos. La evidencia muestra los efectos desproporcionados en las comunidades musulmanas de las prácticas posteriores al 11 de septiembre, como la identificación por perfil racial (racial profiling). La evidencia muestra también que las políticas y acciones de gobierno de los Estados europeos más recientes se han dirigido desproporcionadamente hacia los musulmanes y hacia las personas percibidas como musulmanas. Las identificaciones por perfil étnico se ha informado, en aumento en varios estados miembros de la UE.

Los servicios de inteligencia, las autoridades policiales y los sistemas de justicia deberían estar equipados para garantizar una policía justa y eficiente y un acceso equitativo a la justicia. La discriminación socava la cohesión social y la sociedad en su conjunto, y puede reforzar la radicalización y la violencia. Las normas de igualdad y no discriminación deben complementarse con estrategias políticas específicas de los Estados Miembros para abordar todas las formas de racismo, incluido el antisemitismo, la afrofobia y la islamofobia. Acogemos con satisfacción los compromisos asumidos por la Comisión Europea en el Coloquio de la Comisión Europea sobre los derechos fundamentales en octubre de 2015, pero alentamos un seguimiento concreto de las obligaciones de los Estados miembros.

Libertad de expresión y reunión pacífica. La libertad de expresión suele estar restringida en las propuestas de los Estados para contrarrestar la radicalización o la lucha contra el terrorismo, por ejemplo en las medidas que criminalizan el enaltecimiento o la apología del terrorismo. La propuesta de Directiva sobre la lucha contra el terrorismo prohíbe a una persona amenazar con cometer determinados actos o ayudar, incitar o incitar a una persona a hacerlo 4, incluso sin vínculo directo con delitos o actividades terroristas específicos en algunos casos. La Directiva debería incluir una disposición sobre la libertad de expresión, como en la Decisión marco del Consejo de 28 de noviembre de 2008 sobre la lucha contra el terrorismo. Además, la vigilancia en línea y los límites a la libertad de expresión deben ser proporcionados, necesarios y sujetos a la legislación sobre protección de datos, de conformidad con el derecho primario de la UE y el derecho internacional. Por ejemplo, sería importante asegurarse de que esas restricciones están dirigidas y sujetas a una autorización previa judicial con un requisito de sospecha razonable. Las empresas de Internet no deben ser presionadas para censurar el contenido en línea, por ejemplo, mediante la amenaza de sanciones penales, ni deben ser forzadas a cooperar para socavar el cifrado, lo que realmente dañaría la seguridad en línea. También se deben hacer mayores esfuerzos para combatir el discurso de odio contra los grupos de riesgo de discriminación, en las redes, con un mayor escrutinio para asegurar que estos esfuerzos cumplan los criterios de derechos humanos. Las medidas de lucha contra el terrorismo que restringen la libertad de reunión deben ser previsibles y transparentes, limitadas a lo necesario y proporcionado en un objetivo legítimo, basadas en pruebas corroboradas, con plazos y sometidas a un control independiente o judicial. Deben evitarse las prohibiciones generales de las manifestaciones y otras asambleas pacíficas.

El derecho a la privacidad. La propuesta de Directiva sobre el almacenamiento y la utilización a largo plazo de los registros de nombres de los pasajeros (Passenger Name Record, PNR) con el fin de determinar el perfil de personas como posibles delincuentes o terroristas graves plantea graves preocupaciones en materia de derechos humanos. Estas preocupaciones incluyen un excesivo período de retención de datos, la falta de pruebas que demuestren que estas medidas son efectivas (de hecho, no se ha demostrado que la recopilación de datos sobre una base indiscriminada y masiva, es necesaria para prevenir ataques terroristas) y el alto riesgo de uso discriminatorio De los datos dependiendo de la forma en que se diseñen los algoritmos o indicadores de análisis de datos. Las organizaciones abajo firmantes también están preocupadas por las prácticas indiscriminadas de vigilancia masiva llevadas a cabo por algunos Estados miembros. Además, el PNR y otras prácticas no segmentadas de minería de datos (data mining) y vigilancia pueden conducir a comportamientos discriminatorios y al procesamiento prohibido de datos que revelen raza, origen étnico o religión mediante el uso de proxies. Tanto en este contexto como en el contexto de las demandas más amplias de las agencias de aplicación de la ley para que las compañías de Internet puedan infringir arbitrariamente los derechos humanos, se debe prestar especial atención al desarrollo y uso de algoritmos para la lucha contra la delincuencia.

Derechos humanos de los solicitantes de asilo y de los migrantes. La migración no es un crimen. Los Estados deben abstenerse de las políticas y la retórica que asocien a los solicitantes de asilo y los migrantes con la amenaza del terrorismo y no deben utilizar medidas antiterroristas y de contra-radicalización como excusa para frenar los compromisos de migración y protección internacional. Los controles fronterizos “selectivos” adicionales, propuestos en el contexto de la reforma de Schengen, son problemáticos porque se basan en los viajes y las características personales de las personas y corren el riesgo de ser actuación por perfil étnico. Las recientes propuestas para revisar el mandato de la agencia de vigilancia de fronteras de la UEFrontex, y ampliar sus competencias, refuerzan el enfoque de seguridad de la política migratoria europea a expensas de los derechos humanos de los migrantes. Estas enmiendas deben tener en cuenta las obligaciones de los Estados miembros y la UE en materia de derechos humanos y deben ir acompañadas de salvaguardas adecuadas para el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos de la UE, los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados. Sin salvaguardias, vigilancia y formación para los nuevos guardias fronterizos y costeros de la UE y agentes de primera línea, los riesgos de violaciones de los derechos humanos son mayores. Deberían hacerse esfuerzos para restablecer la confianza de las minorías étnicas y religiosas en las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y promover la vigilancia comunitaria utilizando las mejores prácticas existentes, como la contratación y capacitación de policías para atraer a comunidades muy diversas respetando sus derechos culturales y religiosos Y los orígenes étnicos. Una policía eficaz depende de la confianza en las comunidades.

Libertad de movimiento. La criminalización de los viajes por terrorismo, como en la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el terrorismo, tiene un impacto directo en la libertad de circulación. El derecho a salir de un país, incluido el propio, sólo debe restringirse por razones específicas y legítimas y por medios proporcionados y no en supuestos generales. El derecho a volver a entrar en su propio país nunca debe ser restringido arbitraria o desproporcionadamente. Las propuestas que tendrían el efecto de prohibir que los ciudadanos reingresen a sus países no deberían basarse en supuestos generales. El retiro potencial de la identificación o pasaporte de un individuo basado en sospecha de radicalización y sin una decisión judicial basada en un conjunto explícito y razonable de criterios establecidos en la ley es ley es incompatible con el derecho a la libertad de movimiento. La retirada de la ciudadanía de la UE a las personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo podría conducir a la apatridia y a sanciones arbitrarias adicionales.

Libertad de religión o de creencias. El artículo 18 del PIDCP y el artículo 9 del CEDH no permiten limitar la libertad de pensamiento, conciencia y religión o la libertad de tener o de adoptar una religión o una creencia de su elección. Las mezquitas no deben ser cerradas en base a su supuesta afiliación radical, sin elementos claros que apunten al establecimiento de responsabilidad por la comisión de actos criminales de cualquiera de las personas que las poseían o administraban. Las propuestas para separar a los presos “radicales” del resto de los detenidos parecerían difíciles de aplicar sin violar injustificadamente la libertad de religión, ya que las definiciones de “radical” son vagas y ningún Estado miembro ha formulado una lista fiable y no discriminatoria de indicadores de radicalización. La propuesta en las conclusiones del Consejo de noviembre de 2015 de “desarrollar instrumentos e instrumentos de evaluación de riesgos para detectar signos tempranos de radicalización en las cárceles” debería garantizar salvaguardias para evitar la arbitrariedad y proteger la libertad religiosa y la no discriminación entre los reclusos. Las cárceles necesitan más educación y otros programas y recursos para desempeñar plenamente su función de rehabilitación y reintegración. Para algunos delincuentes, deben explorarse medidas alternativas a la detención como forma de reducir el hacinamiento en las cárceles, reducir las tasas de reincidencia y prevenir una mayor radicalización y fomentar la reintegración en la sociedad. La administración debe organizar reuniones con ex detenidos que han logrado su integración en la sociedad.

Educación en derechos humanos e inclusión social. La reafirmación de los “valores de la UE” en los sistemas educativos no es suficiente para abordar la exclusión social y las violaciones de los derechos humanos, por lo que no ofrecen una contranarrativa real a la radicalización. Los derechos humanos y el Estado de derecho son valores universales, basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y no son exclusivos de ninguna región o cultura. En las escuelas deberían existir programas integrales de educación en derechos humanos, incluidos los derechos digitales, la igualdad y la no discriminación, la historia europea y las contribuciones de las minorías a Europa. La inversión social a largo plazo en la educación, la vivienda, el empleo, la salud y los servicios sociales son cruciales para detener la masiva privación de derechos de partes considerables de la población.

La lucha contra el terrorismo y los derechos humanos en los asuntos exteriores. La UE debe aplicar la Orientación operativa sobre los derechos humanos para las acciones de cooperación exterior de la UE dirigidas a “Terrorismo, crimen organizado y seguridad cibernética: integración del enfoque basado en los derechos“. En el marco estratégico de la UE en materia de derechos humanos y democracia, la UE debe velar por que los derechos humanos y el Estado de Derecho se respeten plenamente en la ejecución de sus actividades, proyectos y acuerdos y estén en el centro de todos los organismos de la UE, , Legislación, políticas y mecanismos. La cooperación con terceros países requiere una evaluación de los riesgos para los derechos humanos y la creación de mecanismos de supervisión-protección-presentación de informes para garantizar la plena protección de los derechos humanos. La lucha contra el terrorismo debe ir acompañada de actividades que garanticen la plena protección de los derechos humanos, incluidos los derechos de los defensores de los derechos humanos y con medidas concretas para proteger el espacio de la sociedad civil en materia de lucha contra el terrorismo y cuestiones de seguridad. El hecho de no tomar tales medidas ha contribuido a aumentar la radicalización y la impunidad.

Firmado:

Red Europea contra el Racismo (ENAR) Amnistía Internacional

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Comisión Internacional de Juristas (CIJ)

Instituto Open Society de Política Europea

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Derechos digitales europeos (EDRi)

Foro de Organizaciones Juveniles y Estudiantes Musulmanas Europeas (FEMYSO)

Federación Internacional de Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura (FIACAT) Consejo Internacional de Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura (IRCT)

Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)

Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos (AEDH)

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